10.7.2025
Repensar la política de vivienda
El acceso a la vivienda es una preocupación permanente para el Estado Peruano, aunque los esfuerzos han sido históricamente insuficientes frente a la creciente y compleja demanda. A partir de la Constitución de 1993, las políticas de vivienda se centraron en la formalización de la propiedad, y en facilitar créditos a través de la banca privada para la adquisición y construcción. Para lo segundo, en 1998 se creó el Fondo Mi Vivienda (FMV).

Tamaño de viviendas disminuye (Agencia Andina)
El crédito Mi Vivienda ayudó a que miles de familias puedan comprar un departamento gracias a un producto hipotecario que incluía bonos y tasas fijas, en un contexto de estabilización económica y con un sistema financiero conservador. Esto fue evolucionando con el pasar de los años, tanto en la demanda como en la mayor oferta de créditos.
Actualmente, un porcentaje importante de los productos que se ofrecen como “vivienda de interés social” se queda en el tercio de la población de mayores ingresos. Ello principalmente debido a la relación entre el precio de los inmuebles y la capacidad económica y financiera de las familias.
Como podemos apreciar, mantener un enfoque basado en la compra o construcción de una vivienda propia ha alejado al Estado Peruano de las personas que más necesitan de su apoyo. Mientras tanto, en diversos países de la región, la vivienda de alquiler ha ganado relevancia como alternativa digna y accesible, especialmente para jóvenes y adultos mayores. En el Perú, este mercado es principalmente informal y en muchos casos la oferta es precaria. Investigaciones recientes señalan que el número de inmuebles ofrecidos se ha triplicado en la última década en los distritos populares de Lima, posicionándose como la única alternativa para una demanda creciente (A. García, 2022).
En contraste, el mercado formal de alquiler es aún incipiente, y está dirigido principalmente a sectores de altos ingresos. Las empresas del sector señalan diversas barreras, entre ellas las cargas tributarias (18% de IGV y 29,5% de impuesto a la renta, frente al 5% que pagan las personas naturales), y un marco normativo desactualizado y limitativo para el desarrollo de proyectos de vivienda.
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