El Derecho a la Vivienda, el Derecho a la Ciudad

Imagen: DG Adrián Acosta y Marcelo Vera para “Habitar en contextos de desigualdad”, Proyecto Habitar

Precedidos por este texto se podría decir que el reloj de la historia, o de nuestras sociedades, atrasa sensiblemente en relación al cumplimiento de este derecho inalienable. También podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el derecho a la vivienda está ligado o fusionado con el derecho a la ciudad; es decir, a gozar equilibradamente de todos los atributos que posee la ciudad: salud, educación, transporte eficiente, espacios públicos de calidad, entendiendo por espacio público no solo el espacio “verde”, sino todos los espacios de uso público, que son los espacios donde se democratiza la vida (el espacio de todos). En particular, la calle en toda su dimensión pública, incluyendo todas sus infraestructuras; la calle con buenas veredas, con buena iluminación, arbolada, pavimentada, con cloacas, sin zanjas a cielo abierto, con el equipamiento urbano necesario y adecuado (contenedores de basura, paradas de ómnibus, equipamientos de accesibilidad universal, etc.). Podríamos incorporar en el desarrollo de estas reflexiones, y tratando de provocar una síntesis, el concepto del “hábitat” como totalizador en esta problemática.

Arriesgando una definición que nos acerque al término, en ecología, “hábitat” hace referencia al “lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad de especies”. Condiciones que no son solo de cobijo, sino de contemplar diversas actividades; en el caso del hombre, el trabajo, la movilidad, la recreación, la cultura, etc., para el caso de los habitantes de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, ese artefacto complejo y contradictorio y maravilloso que son nuestras urbes contemporáneas ,que por otro lado son la creación colectiva más importante en el desarrollo de la humanidad.

Por tanto, resolver el problema de la vivienda es en concreto dar respuesta a un derecho humano universal, que no es hacer solo “casas” sino que se trata de un hecho mucho más complejo que es, como decíamos antes, resolver el problema del hábitat. Tampoco es hacer “casas con una plaza o con una escuela”. La complejidad está vinculada a todas las variables que posee el problema, y no solo a algunas.

Es decir, nos estamos refiriendo, a la relación de la vivienda con la escala de la calle, del barrio, con la escala de la ciudad y las relaciones físicas y sociales. Entre estas escalas, en este sentido, cuando hablamos del derecho a la vivienda, estamos hablando del derecho a la ciudad con todos sus atributos y al alcance de todos; una ciudad democrática, diversa y sustentable para el conjunto de las ciudadanos, sin exclusiones. Nos referimos a una ciudad con una “centralidad” equilibrada o derramada sobre todo el territorio urbano.

Un capítulo aparte merece el proyecto de arquitectura cuando mal nos referimos a “vivienda social” sic?, que finalmente se traduce en reducción de estándares proyectuales, reducción de estándares funcionales (la vivienda mínima?), reducción de estándares materiales, y tecnológicos. Como así también cierta subestimación hacia los cambios de paradigmas a los cuales la vivienda debería dar respuesta. Me refiero a las nuevas formas de habitar ,nuevos modelos familiares ,nuevas modalidades laborales hacia el interior de la vivienda a partir del llamado trabajo virtual (Web), entre otros; pero también a partir del trabajo informal en sectores de baja renta (cartoneros , recolectores de residuos, etc.); cuestiones que sumadas a la descontextualización urbana que nos referíamos en párrafos anteriores, transforman la resolución del problema de la vivienda de la Argentina en los últimos 40 años, salvo raras y contadas excepciones, en una cuestión que debemos resolver urgentemente.

Si el problema de la arquitectura es mejorar la calidad de vida de la gente en términos de arquitectura popular o de vivienda pública, tenemos una asignatura pendiente, dado que es imprescindible una solución integral, una solución definitiva a esta problemática. Por ello, es una responsabilidad disciplinar de todos los arquitectos, – y particularmente de los que nos ocupamos o “preocupamos” por estos temas-, llevar estos debates a todos los ámbitos políticos,  académicos e institucionales, para ayudar a resolver el ”deber” del estado de dar respuestas adecuadas y sostenibles a un derecho pendiente que hoy afecta a millones de compatriotas.