Con el freno, todos pierden

Desde hace años, la densidad habitacional y la población de la ciudad de Buenos Aires está en descenso. Por eso, la iniciativa de suspender trámites de obras en 600 manzanas porteñas es doblemente elitista: no favorece la captación de habitantes ni absorbe el mínimo crecimiento demográfico. En cambio, invita a la gente de clase media, y sus hijos, a buscar opciones en countries y barrios cerrados del conurbano.

Ahora, los responsables de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad aseguran que reemplazarán la suspensión por la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental en cada obra nueva que supere ciertos límites. Vale preguntarse: ¿Cómo se puede exigir a un particular la evaluación del impacto de su edificio por insuficiencia de la infraestructura, cuando esto es un deber del Estado? ¿Cómo se puede exigir a un solo edificio la evaluación del impacto de varios edificios? ¿Cómo se puede evaluar el impacto de un proyecto urbano que no existe?

La prohibición de los trámites de obras nuevas se fundamentó por problemas de infraestructura. Sin embargo, la presión sobre la infraestructura durante los últimos cuatro años se debió a que el aumento del consumo fue del 25%, y no al aumento de la construcción, del 4%. Se habló del aumento del tránsito que generan los edificios. Y el creciente ingreso de autos desde la provincia produce un mayor impacto en el tránsito que los vehículos de las nuevas viviendas.

El Código de Planeamiento determina que el 43% de la superficie de la ciudad es para casas y edificios bajos. En esas áreas no se permiten torres. Medidas como el decreto 1929, que suspendió los trámites de obras nuevas, transmiten un mensaje equívoco, tendiente a extender y ampliar esta limitación, en vez de resolver los casos puntuales.

La prohibición produjo que centenares de inversiones se hayan detenido. Algunas por el efecto directo, otras por el devastador efecto indirecto de la enorme incertidumbre que genera entre los inversores, aún en el resto de la ciudad.

Algunos empresarios, algunos pequeños inversores, con los terrenos comprados y a punto de iniciar trámites, reciben un mensaje desalentador: ¿Luego de los 90 días tampoco podrán realizar la inversión? ¿Se prorrogará el corralito? ¿Deberán garantizar una infraestructura que no depende de ellos? ¿Al amparo del corralito, o de su prórroga, saldrá una ley que destruya sus inversiones? Todas estas dudas surgen de casos reales, de personas que recibimos en el CPAU. A algunos estas medidas les afectan sus ahorros; a otros, las ilusiones de toda una vida. Lo peor es que a cambio nadie obtiene nada, y la Ciudad pierde.

Estas situaciones se repiten en Núñez, en Palermo, en Villa Urquiza, en Caballito. En el CPAU hemos recibido un grupo que representa unas 40 o 50 obras sólo en Caballito. Estimo en no menos de 100 las obras e inversiones que se han detenido. Si se multiplica por 200 empleos cada obra, el dato es estremecedor.

Hace un mes, diez instituciones vinculadas con la construcción nos reunimos con el Jefe de Gobierno para solicitarle la derogación del decreto 1929. Me tocó abrir la reunión, lo cual hice felicitándolo, porque su decreto había tenido la virtud de unir a las entidades profesionales, empresarias y gremiales. Tenemos diferentes visiones y misiones en la ciudad, pero nos une el espanto.

También tuve el honor de cerrar la reunión, pidiéndole que reconsiderara su deseo, declarado en ese momento, de ser el «mediador» y «componedor» frente al (falaz) enfrentamiento que existiría entre constructores y vecinos. Le pedí que liderara propuestas urbanas concretas. Le pedí sólo tres cosas: Proyectos, Proyectos y Proyectos. Asintió en ese momento, pero ahora nos dicen que ha cambiado el eje de trabajo y que exigirán los estudios de impacto ambiental.

Los problemas urbanos existen siempre, hoy son conflictos entre las tipologías y las escalas dispares que se dan en los barrios y que surgen en el proceso de completamiento y consolidación de las normas. Lo que necesitamos se puede definir con la regla de las 3 P: planificación, proyectos y participación. En ese orden, para poder resolver en libertad y democracia las demandas vecinales, las eventuales necesidades de infraestructura y las adecuaciones que fuera necesario aplicar a las normas vigentes.