28.7.2004

Boletín Informático de la SAM – Julio de 2004

Infraestructura – Viviendas y Sistema Carcelario
Por Arq. ROBERTO ROMANO
Ex-presidente de SAM
Ex-director Boletin Informativo SAM

Estimados lectores, les envio un escrito, que tiene sentido dentro del marco en que planteamos que las acciones puntuales «sobre situaciones terminales», son producto de la falta de prevencion y metas de Desarrollo, que solo se pueden dar en el marco de un Planeamiento Estrategico Sustentable, que no tenemos.

En el tema Carcelario no entramos a discutir aspectos de Diseño y Funcionabilidad sobre el Proyecto de la Penitenciaria nueva, porque fue el resultado de un Concurso (como deben ser y apoyamos este tipo de realizaciones y proyectos) sobre Bases que pedian una solucion de este tipo.

El tema es que el Gobierno de turno debiera haber ahondado (para el armado de las Bases) sobre las nuevas tendencias de la Penalogia contemporanea, cosa que parece no se hizo o tomaron una descision poco feliz y problematica. Debe quedar en claro este ultimo aspecto. Ahora si el documento.

Por Equipo interdisciplinario del INFOCAP
Autores: ARQ. ROBERTO ROMANO Y ARQ. HERNÁN COSTARELLI – Coordinadores Área Planificación Sustentable
ING. OMAR MAURE – Coordinador Área Seguridad

Estos tres temas puntuales siempre vigentes, son el centro de discusiones y opiniones cruzadas entre el Gobierno Central con los Municipios y desde la ciudadanía.
Para ello hace falta que se entienda que no son problemas aislados no vinculantes, sino todo lo contrario, forman parte de las necesidades organizativas de nuestra Sociedad.
Él termino organizar expresa la acción de ordenar, en una forma determinada una serie de elementos para su mejor comprensión y función.
Esto significa tener un común denominador, qué permita: investigar -evaluar- consensuar y decidir, sobre estos y otros temas afines, que hacen a mejorar la calidad de Vida de nuestro Hábitat, que es la Provincia de Mendoza. El llamado común denominador al que hacemos referencia, no es otro que un Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable de Mendoza, el cual que no existe.
¿Y por qué no existe? Simplemente porque el horizonte del Desarrollo de Mendoza, se ha basado en acciones puntuales y coyunturales del momento, generalmente potenciadas por intereses sectarios de nuestra Sociedad, acompañados por los Gobiernos y Legislaturas de turno, tanto al nivel de Gobierno Central como de los Municipios; únicamente dedicados a la administración de crisis, sin una propuesta de Desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
Cuando se manifiesta la falta de organización crónica que padecemos, para comenzar a buscar soluciones adecuadas a los problemas que plantea nuestra Sociedad, siempre nos remitimos al ejemplo de los Países llamados Desarrollados, como los de la Comunidad Económica Europea. La mayoría de los Países que integran esta categoría, trabajan la Planificación Integral de sus Territorios, basados en el resultado de estudios serios -en tiempo y forma- para el logro de los Objetivos trazados, en pos de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Tomando como referencia cualquiera de esas propuestas, nos encontramos con una terminología repetitiva -entre otras- tales como: Plan, Estrategia, Desarrollo y Sustentabilidad.
Si bien son comprensibles los tres primeros, posiblemente el de Sustentabilidad para una mayoría, no tiene el significado de su pleno alcance.
Según el diccionario, «Sustentable, que se puede sustentar o defender con razones», con el mismo espíritu pero más abarcativo, es el objetivo principal que deben perseguir todas las intervenciones que realiza el Hombre, en el Medio ambiente y dentro de su Hábitat natural. La Sustentabilidad se construye sobre tres pilares: el Ambiente, la Economía y la Sociedad. El Ambiente es el medio físico donde nos movemos, nos envuelve, presenta características distintas según su ubicación geográfica y es relevante por contener los Recursos Naturales. La Economía es el medio para la inversión, fabricación y financiamiento de Insumos, producidos a partir de la explotación de los Recursos Naturales.
Bajo un modelo Sustentable, las actividades humanas impactan el ambiente, explotando los Recursos Naturales, de manera tal que no sobrepase la capacidad de la Naturaleza de absorber los contaminantes que se emiten y de regenerarse así mismo.

La «no existencia» de un Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable de Mendoza -ni siquiera como iniciativa- hace que la realidad de hoy, nos muestre como un despropósito el tratamiento puntual de los problemas, que afloran en forma permanente -por haber llegado a un estado terminal- cuya mayoría son reiterados o por lo menos conocidos, desde hace décadas. Esto no significa negarlos y no buscarles la solución en el momento, lo que será puntual y coyuntural, cuando debiera ser parte de un Plan donde se haya estudiado una solución Integral programada, para ser ejecutada en tiempo y forma.
Es fundamental el enfoque a nivel Provincia, porque es la única forma de contemplar el interés y las necesidades de todos los Habitantes, que conforman Comunidades a lo largo y ancho del territorio Provincial, asentadas en áreas de distintas características Ambientales.
Persiste hoy el fenómeno de la Municipalización en el manejo territorial, en detrimento de la perspectiva Regional, donde sé privilegian en gran medida intereses propios – generados mas por posicionamientos políticos del gobierno de turno, que por planteos con visión integradora – de cada Municipio, dejando en un segundo plano la complementación de sus Ejidos en forma Racional.
Hoy cada Municipio se asemeja a un Feudo. Un claro ejemplo: «Capital quiere el Parque y el dique Potrerillos» (Los Andes 27-2-02) donde se abre una posible de lucha por conquistar territorios (característica del Feudalismo) donde aparecen involucrados, los Municipios de Capital, Las Heras, Godoy Cruz y Luján (queda la posible sorpresa de sumar algún otro Municipio interesado, fundamentando sus derechos).
Este echo puntual se suma a los litigios pendientes entre Municipios desde años, es verdad que las normas vigentes en la Constitución Provincial, como la Ley de Municipalidades proclama el derecho de cada Municipio sobre su Territorio.
La realidad que se vive objetivamente, es la de la degradación paulatina e inexorable de nuestras Ciudades, por lo que se impone la modificación del espíritu de Municipalización, que sin perderlo no trate su Ejido como una isla, olvidando que forma parte indivisible de una Región, con características compatibles y geomorfologías similares.
Si bien después de décadas, esta en tratamiento Legislativo una Ley para normar el Uso del Suelo a nivel Provincial, siendo un avance, adolece de una propuesta de Clasificación del uso del suelo según Unidades Bioambientales  el criterio de Micro regiones por nosotros propuesta en oportunidad de participar en la recopilación y consenso de Leyes presentadas, constituyendo un equipo de Profesionales que asesoramos a un grupo de Legisladores durante el 2001 y 2002 -en el tratamiento del Ordenamiento Territorial.

Es tal la trascendencia de Planes del Ordenamiento Territorial y la de esquemas de Ordenamiento Territorial, que la propuesta de un Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable (como aclaramos precedentemente en el significado de sustentabilidad) obliga a decidir y programar en forma integral ó sea Regional, las diversas temáticas tales como: Educación  Salud y Seguridad entre otras. La oportunidad para consensuar y producir estos cambios fundamentales es su inclusión en la reforma de la Constitución Provincial. Ínter tanto el Gobierno Central y los Municipios debieran priorizar los Estudios sobre los Sistemas de Infraestructuras Regionales Básicas, que son los elementos determinantes del orden territorial a la escala de la Región: Agua, Energía, Transporte y Comunicaciones.

La problemática de la Infraestructura

La Infraestructura de Servicios (agua – energía eléctrica – gas) y de Comunicaciones (red vial – transporte Publico) involucra la base para el asentamiento de las Comunidades, constituyéndose en la principal herramienta con que cuenta el Estado, para direccionar la expansión Urbana, preservando la explotación equilibrada de los Recursos Naturales.
La determinación sobre la extensión de servicios, caminos y transporte, hacia áreas del Territorio Provincial, conlleva a generar (nuevos) y o consolidar (existentes) Polos de Desarrollo.
De esta manera el Estado prioriza mediante la inversión básica (en servicios y comunicación), el arraigo poblacional en áreas Productivas, aprovechando las condiciones Ambientales de la Región.

La realidad de Mendoza en las ultimas décadas, nos muestra que las nuevas extensiones de Servicios, Red Vial y Transporte, escasas y salvo honrosas excepciones criteriosas, han respondido a necesidades puntuales de intereses privados. Vale como ejemplo la construcción de Conjuntos Habitacionales cerrados, hacia el Oeste, avanzando sobre el Piedemonte.
La Planificación de Infraestructura de Servicios y Comunicación debe concebirse en el ámbito de Microregiones, conformadas por Municipios de iguales condiciones Bioambientales, partiendo de esta consideración, proponemos: Norte (Capital-Las Heras – Guaymallen – G.Cruz – Luján y Maipú). Este (San Martín- Palmira – Junín-Rivadavia y Lavalle. Nor-Este (La Paz-Sta. Rosa y parte de Lavalle. Centro (Tunuyan- Tupungato y San Carlos. Sur (San Rafael – G. Alvear y Malargue). El Transporte Publico en estado terminal, por la obsolescencia del parque automotor, desde hace mas de una década, es la muestra palpable,  por sufrirlo una gran masa de habitantes, que utiliza este medio,  de Gobiernos sucesivos, que solo se han preocupado en discutir con los concesionarios, el valor del Boleto.
Hasta hoy el Estado, no ha asumido la responsabilidad de la reestructuración del Servicio del Transporte Publico de pasajeros, como una herramienta para potenciar y consolidar Polos de Desarrollo, dentro de los objetivos contenidos en un Plan integral al nivel de las Microregiones. Como ejemplo el llamado a Licitación de concesión, previo a contar con una Ley de Ordenamiento del Suelo y más aun sin existir un Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable de la Provincia.

La problemática de la Vivienda

La solución habitacional para los niveles Sociales de bajos recursos, financiados con Fondos de la Nación a través del IPV, no responden a una Planificación Integral del Territorio Provincial. No se niega la falta de Viviendas dignas, ni la obligación del Estado, de aportar fondos para su financiamiento. Pero este objetivo se ha tergiversado, no en su fin sino en su resolución, desde siempre y más aun en la ultima década, gira alrededor de los intereses Municipales,  sin negar las necesidades habitacionales y por lo tanto su déficit, por la captación de un mayor porcentaje del dinero, destinado para construcción de Viviendas de interés social, provenientes del Fonavi.
Las viviendas debieran construirse en áreas productivas, generando trabajo y asegurando el arraigo, esto significa que el enfoque supera los limites Municipales, para priorizar aquellas áreas dentro de la Región, que reúnan estas condiciones.

El Sistema Carcelario

Sin lugar a dudas el tema penitenciario en el contexto nacional y provincial, siempre ha sido desde hace mucho tiempo materia pendiente para todas las políticas aplicadas de los gobiernos de turno. Lamentablemente, siempre se ha creído que con soluciones pasajeras, era mas que suficiente para dar respuestas concretas al problema; el tiempo y los hechos que se han vivido, hoy nos demuestran lo contrario.
Estamos convencidos que no solo con buena voluntad se puede resolver el problema: hace falta idoneidad, sentido común y un fuerte compromiso para generar políticas que perduren en el tiempo.
Lamentablemente la actual situación carcelaria de la provincia se encuentra colapsada, y esta situación nos trae como consecuencia un forzado hacinamiento, que es el caldo de cultivo para la antítesis de lo que significa la verdadera reinserción social de los individuos que deben pagar su deuda con la sociedad: un estado de ociosidad física y mental que generan enfermedades psicofísicas de difícil recuperación y por lo tanto una casi imposible reinserción en nuestra sociedad. La tendencia de la penología contemporánea, recomienda el «emplazamiento de cárceles abiertas, cerca de comunidades, preferentemente en áreas rurales, fértiles y sanas». La situación de la actual Penitenciaria, esta dentro de la realidad que se vive, principalmente en Latinoamérica, con predominio de la prisión celular, insalubre, de máxima o mediana seguridad, ubicadas dentro cascos Urbanos o alejadas de las Comunidades. La actual tendencia no es la de la macro-cárcel, sino la de Unidades Carcelarias de menor tamaño, con capacidad de reclusión para un numero de 350 presos, con celdas individuales. Según la opinión de algunos juristas y la amplia bibliografía sobre esta temática, principalmente en Países Europeos,  consideran que la capacidad optima, no debe superar los 500 internos. Sobre la base de lo expresado precedentemente, consideramos la solución socio-económica mas equilibrada para Mendoza, por lo que proponemos:

1.Que el Régimen Carcelario de Máxima Seguridad, se ubique en áreas fuera del casco Urbano.
2.La construcción de Cuatro nuevas Unidades Carcelarias, de Máxima Seguridad con capacidades entre 350 a 400 reclusos, con celdas individuales, espacios para trabajos carcelarios, ubicadas geográficamente en el territorio de alguna de las Microregiones propuestas (Problemática de la Infraestructura), en coincidencia con las cuatro Jurisdicciones Judiciales y que permitan al mismo tiempo,  con la infraestructura de servicios a realizar,  promover Polos de Desarrollo. La tipología edilicia de estas Unidades, responderá a las necesidades actuales (capacidad de alojamiento) y futuras (por posible aumento poblacional de reclusos), por lo que su Diseño deberá permitir flexibilidad funcional y de expansión o sea ampliación de superficie cubierta.
3.La Refuncionalizacion, Acondicionamiento y o Ampliación, de las Unidades Carcelarias de San Rafael y la Colonia Penal de Gustavo André, para funcionar como Cárceles de Mediana Seguridad, cumplimentando las pautas establecidas en 2.
4.La Refuncionalizacion de Usos, de la actual Penitenciaria, permitiendo su incorporación activa al ejido Municipal, aportando nuevos espacios al servicio de la Sociedad. Se mantendrá en funcionamiento solo la Unidad Carcelaria de Mínima Seguridad o sea de Régimen abierto. Tomando como referente el Plan REPRISE, Proyecto Europeo de Recuperamiento Urbano, de Equipamiento Penitenciario. Por lo que no haría falta la construcción, de una nueva Unidad carcelaria de Mínima Seguridad, significando un importante ahorro económico, siendo mucho menor la inversión para la adecuación de la misma, en un sector del actual edificio, ocupando el resto de la superficie existente en Espacios Utilizables y o Reacondicionados, con destino a oficinas Judiciales – Centro de Estudios e Investigación para la Capacitación y Reincersion – Archivos
– Biblioteca Temática
– Museo de la Policía de Mendoza
– Espacios de Uso Publico, entre otros.

La Planificación de las Construcción por Etapas – sobre la base de fondos disponibles – dará la posibilidad de comenzar por la construcción de las Unidades de Máxima Seguridad (priorizando el orden de construcción, de cada Unidad según las necesidades evaluadas), al mismo tiempo comenzar con el Acondicionamiento y o Ampliación de las construcciones destinadas al Régimen de Mediana Seguridad y en la medida que se produzca del traslado de reclusos a sus nuevos asentamientos, iniciar las obras de Refuncionalizacion del actual
Un cambio cultural empieza por creer que los privados de libertad pagan sus deudas con la sociedad con la quita de su libertad, no con el martirio. En este sentido proponemos la figura de las CARCELES AUTOSUSTENTABLES, tal vez, para muchos, este sea un viejo concepto, pero que lamentablemente nunca fue realizado correctamente.

Reflexión

Cualquier propuesta de intervención, del Estado Provincial – a la que esta obligado y por ende asume su responsabilidad – sobre estas temáticas en la actualidad, debe servir para iniciar el Estudio serio, de un «Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable de la Provincia», a cargo de un Equipo Interdisciplinario de la mayor Idoneidad, a fin de contar con pautas para cumplimentar los objetivos fijados, producto de consensuar todos los intereses a nivel Provincial. Esto significara contar con un Plan, cuya ejecución trascienda los periodos de los Gobiernos de turno, para transformarse en una Política de Estado continua, al responder a las necesidades de todos los Habitantes de la Provincia de Mendoza Las acciones Urbanísticas de Hoy, fuera de un contexto de integración territorial sustentable, impactaran sobre nuestro Medio Ambiente, comprometiendo el presente y con mas razón, el Futuro de la Calidad de Vida de los Mendocinos.

La cárcel que quiere Cobos
POR SEMANARIO EL SOL

El gobernador y el intendente de Luján protagonizan una de las peleas políticas del momento. En este informe se dan detalles del megapenal que pretende construir el gobierno y por el cual De Marchi piensa resistir en la Justicia.

Luego de una semana en la que el gobierno de Julio Cobos pudo anotarse varios puntos a favor, con la llegada del presidente Néstor Kirchner anunciando recursos por más de 600 millones de pesos en diversas inversiones, el gobernador creyó ver que había llegado el momento del despegue propio para pasar al estadio de gobernar fiel a su estilo: tomó distancia de quienes desde el partido lo transformaron en candidato y, aprovechando la buena imagen que todavía, junto al presidente,  pueden capitalizar de parte de la sociedad, pisó el acelerador e instruyó a su gente a jugar fuerte en asuntos que hasta pocos meses se mantenían protegidos bajo paraguas, semidormidos por las consecuencias políticas y una variada gama de intereses que pueden afectar. Uno de ellos fue hacer pública la decisión política de construir la nueva cárcel, pero en Campo Cacheuta, Luján de Cuyo, y enfrentar las iras y amenazas del cacique demócrata Omar De Marchi.

Van por todo
Descartando que se tratara de una maniobra política, de un mero espectáculo ocasional de fuegos artificiales, Cobos pidió al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, que comanda su amigo Francisco Quico Morandini, alistar todo para que a fin de mes el gobierno llame a licitación para la construcción del penal de Campo Cacheuta. Desde Luján, De Marchi replicó duro: admitió que si es necesario, trabará el emprendimiento desde lo judicial, acusó a Cobos de no conocer siquiera el predio en donde se piensa construir el penal y golpeó duro al ex gobernador Arturo Lafalla y al ex intendente de su departamento, Luis Carral, a quienes acusó de haber protagonizado un enjuague político por debajo de la mesa cuando ambos estaban en funciones para designar a Cacheuta como el futuro lugar en donde se levantaría el nuevo penal. Todo eso, y mucho más, desparramó De Marchi en Opinión (Canal 9) el martes, el mismo día en que Cobos ratificó el emprendimiento para dar solución definitiva, según dijo, al problema de la superpoblación del penal de Boulogne Sur Mer.

El proyecto
El gobierno trabaja a destajo para llamar a licitación. El proyecto, cuyos planos salen a la luz por primera vez y se publican en estas páginas, descansa sobre una serie de cuatro módulos independientes, integrales, con capacidad para 800 internos cada uno. Se pretende construir cuatro para albergar en total a 3.200 internos. Pero en principio se licitaría la construcción del primero de los módulos. La inversión prevista oscila los 40 millones de pesos que, según los técnicos encargados del emprendimiento, se irían prorrateando en los próximos dos presupuestos provinciales con un plazo de no más de 28 meses para finalizarlo.
En el gobierno sostienen que este es el momento para avanzar definitivamente en la construcción del nuevo penal. Argumentan que el proyecto de Campo Cacheuta es el indicado porque ya fue evaluado, aseguran, durante un proceso que se disparó en 1999, luego de que fracasaron otras alternativas de construcción de penales en el piedemonte y en la zona vitícola por excelencia de Agrelo. Los hombres de Cobos y Morandini, como Carlos Santilli (subsecretario de Infraestructura) y Víctor Aguado (director de Planeamiento), coinciden en que Campo Cacheuta fue analizado desde todos los puntos de vista, y enumeran el ambiental, el técnico y el estratégico. Rechazan, de plano, algún tipo de empecinamiento por levantar el penal en esa zona, ubicada a unos 6 kilómetros de la Destilería de Luján de Cuyo, al sur del río Mendoza y a unos 1.500 metros del Corredor Internacional que comunica a Mendoza con Chile. Había todo un trabajo hecho en 1999 que no había que desechar, sostuvo a esta revista Santilli, y agregó que la zona tiene otras ventajas, como que se trata de un predio de 2 mil hectáreas que pertenecen a la Provincia, en donde no tenemos que expropiar absolutamente nada, donde no les estamos quitando a los privados nada y donde ha quedado comprobado por los especialistas que no es una zona apta para cultivos o vides, como dice el intendente De Marchi, indicó el funcionario. Sobre este último punto, el gobierno esgrime un informe de Irrigación en donde se indica que esa zona de Cacheuta, al sudeste del Cerro Cacheuta, son tierras en donde rige la restricción de perforaciones, por lo que ningún emprendimiento agrícola puede prosperar allí.
El proyecto de Campo Cacheuta ha sufrido varias modificaciones. En principio se había pensado desarrollar allí una cárcel para alojar a 1.800 personas, pero el intento de licitación fracasó. Más tarde, en épocas de Roberto Iglesias, el proyecto se cambió por cuatro módulos con capacidad para 512 personas cada uno, hasta que Cobos, una vez que asumió, instruyó a los técnicos a desarrollar otro proyecto con más capacidad. Así se llegó a la idea que hoy más le cierra al gobernador: cuatro módulos integrales que albergarían a 3.200 internos. De los cuatro módulos o pabellones, uno sería reservado para máxima seguridad y otro sería de media seguridad. Cada uno de los módulos cumple con las exigencias de un penal moderno, dijo Santilli, con un gran edificio de apoyo en donde funcionará todo lo relacionado con la parte operativa del penal, es decir alojamiento del personal, la administración, el esparcimiento, los talleres, las aulas, la zona de visitas y un microhospital con cirugía de avanzada.

Los dueños del pedemonte
POR SEMANARIO EL SOL

La lucha por urbanizar tierras del piedemonte
Los dueños de las tierras tironean con los municipios para que les den el visto bueno a sus proyectos de urbanización, que les reportarán buenas ganancias. El gobierno asegura que deben cumplir con requisitos básicos, como la factibilidad de los servicios, y que tienen que pagar obras de infraestructura para mitigar los riesgos aluvionales. Mientras siguen las discusiones, la urbanización de una de las áreas más sensibles de Mendoza sigue creciendo sin un plan estratégico.
González Feltrup, Cano, Vila, Dumit, Ikelar, Barranco SA, Papa, Ábrego, Pérez Guilhou, Presidente, La Crucesita SRL, Rotelli y Peralta son un puñado de familias y empresas dueñas de terrenos en el piedemonte del Gran Mendoza. Algunas están en choque permanente con los municipios y el gobierno para que les aprueben los proyectos, que una vez urbanizados les darán buenos dividendos. Desde el Estado aseguran que deben cumplir una serie de requisitos, pero reconocen que falta una ley estratégica.
El piedemonte parece un botín. De un lado tironean los dueños de los terrenos; del otro, las municipalidades. Como telón de fondo hay un gran negocio inmobiliario. Lo que se compra barato, una vez urbanizado aumenta su valor.
¿Urbanizar o no urbanizar el piedemonte Esa es la pregunta que se viene repitiendo desde hace años, pero lejos de obtener respuestas, no hay un proyecto a futuro.
Para los investigadores, lo más preocupante es que esa urbanización desordenada está asentada sobre un ecosistema demasiado frágil, que debería recibir un tratamiento especial desde el punto de vista del medio ambiente, aluvional y de infraestructura básica.

Terratenientes
La mayoría de las escrituras de los que fueron grandes terratenientes del piedemonte datan del 1800. En aquella época había un puñado de familias dueñas de grandes cantidades de hectáreas.
Hoy la situación ha cambiado. Los terrenos se fueron dividiendo, hasta quedar transformados en condominios vendidos a particulares.
Las zonas del piedemonte que comprenden a Capital, Las Heras, Godoy Cruz y Luján de Cuyo de a poco se fueron poblando. En algunos casos, con la aprobación municipal necesaria y en otras sin el visto bueno.
Por lo bajo, los funcionarios deslizan que los privados se manejan con la teoría del hecho consumado. Esto significa que hacen el barrio y después el Estado debe socorrer a los vecinos porque no tienen los servicios básicos.
lucha de intereses. Para los dueños de los terrenos el panorama es distinto. Acusan al gobierno de no tener un proyecto claro y de intervenir en la puja de intereses que desata la zona.
Hilda Teresa Percara heredó parte de los terrenos de su esposo Ricardo Dumit. Su familia es dueña de la Quinta San Isidro y del condominio Balcones del Cerro Arco.
Percara asegura que hay muchos intereses en conflicto y desmintió la creencia de que ganan mucha plata con los condominios.
La mujer explicó que construyeron y pagaron en la zona defensas aluvionales, para cumplir con los requerimientos municipales y evitar inconvenientes. No pedimos que el gobierno haga las obras, pero queremos reglas claras. Al gobierno y a las municipalidades les faltan muchos estudios sobre el tema.
Ángel Papa es otro de los dueños de terrenos en Godoy Cruz, en los que durante muchos años estuvo instalada la villa que se conoce con su apellido. Papa cree que el piedemonte es una zona de gran potencial, que está desaprovechada por la falta de un proyecto claro de urbanización.

Propiedad comunitaria
La urbanización del piedemonte tiene dos caras. La primera está relaciona con la gente que se instala en un asentamiento inestable, y donde el Municipio trata de paliar la situación, como es el caso de La Favorita. La segunda es la urbanización emprendida por el mismo Estado, a través de planes del Instituto Provincial de la Vivienda, y por particulares que compran los terrenos y los venden como condominios. Aquí surgen los problemas, porque muchos no cuentan con servicios básicos, como luz, agua y cloacas.
El director de Catastro, Jorge Martínez, explicó que la situación es complicada por la falta de servicios. En general, en el piedemonte se compra muy barato, se instalan y construyen. Al principio, a los vecinos no les interesa, pero después vienen los inconvenientes cuando no tienen los servicios.
Es común que los barrios ubicados en la zona del piedemonte del Gran Mendoza se vendan como condominios. Esto significa que los vecinos no son dueños de un determinado número de hectáreas sino de un todo indivisible.
En un primer momento, para muchos esto suele ser atractivo, pero después surgen problemas, porque por ejemplo no pueden pedir un crédito y si existe un embargo sobre el terreno de uno, en realidad es responsabilidad de todos.
Pese a las críticas, algunos defienden su decisión de seguir viviendo en el piedemonte. Gladys Ochoa es la presidenta de la Unión Vecinal del Condominio Altos del Challao, donde vive desde 1991. Admite que nadie le mintió cuando compró y dice que no se arrepiente de vivir en el lugar.
La mujer es la que sigue los expedientes en la Municipalidad de Las Heras para lograr que le habiliten los servicios. Ella asegura que hay intereses empresarios que retardan la aprobación.
el riesgo aluvional. Este es un punto central a tener en cuenta cuando se platean proyectos de urbanización. Y es otro foco de conflicto entre las partes, ya que el Estado obliga a los privados a construir y financiar obras de protección.
Un asentamiento en el sitio inadecuado genera dos problemas: el primero es que impermeabiliza el suelo, con lo cual las aguas bajan más rápidamente. El segundo es que algunos barrios están construidos sobre cauces naturales, por lo que el agua no puede seguir el camino trazado para descargar en un colector central.
La colocación de una urbanización no sólo causar problemas ahí, sino que todos los que estén aguas abajo es decir en la ciudad recibirán mayor cantidad de agua en menos tiempo.
El director de Hidráulica, Luis Guisasola, explica que uno de los ejes de trabajo a seguir es que cuando se construya un barrio, la respuesta normal que tiene una cuenca no debe variar. A veces aparecemos como los malos de la película, los que ponemos el palo en la rueda, pero uno no puede ponerle la firma a cualquier cosa. No puede decir esto no tiene problemas, cuando sí los tiene.
La instalación de una urbanización genera otros impactos extra, como la gran cantidad de basura que se tira a los cauces y que impide la normal circulación del agua. Este es el caso de los colectores Cerrillos y Sosa, ubicados desde la Panamericana hacia abajo. A esto se suma el avance de los vecinos sobre el cauce, lo que genera una especie de estrangulamiento en distintas secciones.
?La gente ve que los cauces desde hace mucho no traen agua, y avanza, pero cuando viene el agua que tiene que venir, a lo mejor cada cincuenta años, tenemos problemas?, explica Guisasola.
Frente a un proyecto de urbanización, es necesario plantear obras de contención. Algunas son realizar lagunas de contención ?donde se deposite el agua, que tendrá una salida controlada? y hacer paredones de contención. Pero lo cierto es que algunas urbanizaciones privadas no cuentan con las obras.

Proyectos municipales
Los municipios de Capital, Las Heras, Luján de Cuyo y Godoy Cruz comprenden parte del piedemonte del Gran Mendoza. Frente a la explosión de la urbanización, emprendieron, con distintos grados de profundidad, estudios y proyectos para lograr un plan de manejo de la zona.
Durante años trabajaron sin demasiada conexión. Ahora intentan revertir esa situación y plantear estrategias comunes de trabajo en el marco de la Comisión Reguladora del Piedemonte (ver aparte).
Los municipios están en un tire y afloje permanente con los dueños de los terrenos. Inclusive tienen conflictos de límites entre ellos, como el caso de Luján de Cuyo y Las Heras.
El director de Obras Privadas y Catastro Técnico de Las Heras, Enrique Saieg, reconoció que existe una especie de lucha con los privados. ?A veces la relación es difícil. Tienen que hacer obras y eso encarece los proyectos. Es un camino ríspido en el cual nos tenemos que seguir moviendo?, dice.
Saieg explicó que si bien socorren a los vecinos que no tienen servicios, no realizan grandes redes fuera de los límites de urbanización.
Para el intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, la falencia más grande es que la provincia no tiene un plan estratégico de crecimiento, y esto provoca desorden. ?Si los que gobiernan hubieran gobernado la Mendoza de principios de siglo, hoy esto sería un páramo?.
De Marchi explicó que la urbanización del piedemonte es compleja porque algunos propietarios no realizan las obras necesarias. ?Si los privados se hicieran cargo de las inversiones de infraestructura que hay que hacer, la discusión sería distinta. Algunos pretenden vender tierras a valores impresionantes y que el Estado se haga cargo de la infraestructura?.
Lo cierto es que mientras las discusiones continúan, la urbanización del piedemonte sigue creciendo sin pausa ni control y sin un plan estratégico a largo plazo.

Un largo camino
Los trámites para aprobar cualquier emprendimiento urbanístico suelen ser lentos, pero más aún cuando se trata de urbanizaciones en el piedemonte, porque hay requisitos extras que cumplir.
El proyecto ingresa primero a la Municipalidad y es ahí donde lo analizan para ver si pueden darle la factibilidad de los servicios, como agua, luz y cloacas.
Además, en estos casos se pide una certificación de la Dirección de Hidráulica para que determine cuáles son las obras aluvionales que se deben hacer y en qué plazos se cumplimentarán.
Los expedientes pasan a una Comisión Reguladora del Piedemonte, conformada por integrantes de las municipalidades que tienen terreno en el piedemonte y del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas.
La comisión analiza la factibilidad de la obra, los pros y los contras, y brinda un informe. En general, a partir de aquí se desestiman los proyectos, o continúan adelante teniendo una serie de recomendaciones.
Si el proyecto sale de la Municipalidad con la factibilidad de los servicios y los informes de hidráulica, recién ingresa a la Dirección de Catastro, específicamente al Consejo de Loteos. Este es el organismo que otorga el visto bueno definitivo a los proyectos.

Terreno frágil
El piedemonte es una zona frágil. Por eso cada vez que se evalúa aprobar o no un proyecto se toman en cuenta varias cosas: el tema aluvional, el cuidado del medio ambiente y la falta de infraestructura.
La primera legislación concreta sobre el área data de 1983 y determinaba una zonificación que comprendía a Capital, Las Heras y Godoy Cruz. Se establecieron áreas con distintos usos dominantes y el tamaño de las parcelas.
En 1991 se aprobó la ley 5.804, conocida como ?del oeste verde?, que declaró el área sujeta a expropiación. El objetivo básico era la protección del ambiente. El Estado no expropió y declaró sujeto a regulación el uso de la tierra.
Luego se creó la Comisión del Piedemonte, que tiene una función asesora y está conformada por especialistas del Ministerio de Medio Ambiente y de todas las intendencias en cuestión. Para aprobar un proyecto, la comisión estableció un mecanismo base. Debe cumplir ciertas condiciones de infraestructura, aluvionales y con la declaración de impacto ambiental, que generalmente hacen los municipios.
La última normativa es el decreto 1939 ?llamado decreto verde?, que en uno de sus artículos habla del piedemonte. La norma plantea la prohibición de concretar loteos y fraccionamiento, hasta tanto entre en vigencia un código especial para el área. Por eso, para aprobar un nuevo proyecto de urbanización es necesario que el comité haga una excepción al decreto.
Los municipios cuentan con ordenanzas y reglamentaciones propias, obviamente, adecuadas a las leyes provinciales.

?El crecimiento ha sido desordenado?
El subsecretario de Medio Ambiente, Gustavo Morgani, cree que el crecimiento urbano en el piedemonte ha estado ligado a urgencias, como las operatorias sísmicas. Asegura que la problemática más acuciante es el riesgo aluvional.
¿Cómo definiría la urbanización del piedemonte?
Ha atendido urgencias en el caso de operatorias para el tema sísmico, ha sido con una visión muy acotada, sin una visión de integridad. Se ha tratado de legislar para controlarlo, pero evidentemente hay situaciones que se superponen, que hacen que este crecimiento no sea lo ordenado que uno quiere. Si uno lo mira globalmente, puede decir que el crecimiento es desordenado, pero porque no se llega a acordar entre los municipios una política común para el piedemonte. A esto se suma un marco legal que no es demasiado claro, un ecosistema frágil, sensible, que impacta en la zona urbanizada. Ha sido un desarrollo complejo, porque intervienen un montón de organismos provinciales y municipales. De ahora en más me parece importante desarrollar este tema de manera inteligente, integral, con una estrategia metropolitana.
¿Cuáles son los problemas que acarrea este proceso desordenado?
Hay urbanizaciones que no tienen aprobación municipal, problemas de límites, ambientales, falta de infraestructura. Pero la problemática más acuciante son los riesgos aluvionales, porque algunos proyectos no cuentan con la infraestructura necesaria para que ese riesgo sea minimizado. Nadie dice que no se puede urbanizar, pero sí existen problemas que requieren infraestructura. También hay avances sobre zonas que podrían considerarse intangibles, para preservar los ecosistemas, la flora, la fauna.
¿Cuáles son las zonas más conflictivas?
Desde Las Heras hasta Luján, la problemática aluvional es homogénea. Aunque algunas urbanizaciones tienen mejor infraestructura, se necesita un proyecto integral. Por eso es importante que tengamos en cuenta que está para sancionarse la ley de uso del suelo, lo que ayudaría a tratar de achicar este embudo hasta tener una legislación homogénea. Esto obligaría a la provincia y a los municipios a hablar de un plan de desarrollo estratégico, planes intermunicipales y municipales.
Este sería un programa relevante dentro del plan de ordenamiento territorial que se inició con la Junta de Andalucía y la integración con todos los municipios. Para poder llegar a una planificación seria, hay hacer un relevamiento y saber cuál es la situación real del piedemonte.
La sensación es que nunca se define un proyecto de crecimiento para Mendoza.
En muchos temas, las administraciones municipales han trabajado en forma aislada. Hay distintas temáticas que requieren de políticas metropolitanas, porque si un Municipio adopta una política y otro adopta otra, es evidente que no vamos a llegar a ningún lado. Por eso no hay postura del gobierno de decir vamos a crecer hacia el piedemonte, no sabemos si hace falta. Es más, mi opinión personal es que no es necesario crecer hacia el piedemonte, porque hay un montón de vacíos urbanos que hay que recuperar para crecer hacia adentro. A lo mejor el piedemonte sirve para realizar otro tipo de emprendimientos estratégicos, de desarrollo turístico, que no son de la densidad que pueden ser los urbano-residenciales. Esto es lo que tenemos que terminar de definir. Pero si no se sanciona la ley de uso del suelo, si no nos ponemos a trabajar con los municipios y definimos un proyecto común, es evidente que vamos a tener la sensación que no sabemos para dónde vamos.
¿Cuáles serían los pasos inmediatos?
Lo municipios deberían fortalecer el poder de policía sobre las instalaciones que no están aprobadas y generan un perjuicio desde el punto de vista ambiental. Porque no tienen la infraestructura necesaria y acceden a los servicios de una manera que no es la normal.
Esto no es alarmante, pero requiere un trabajo concreto, donde todos veamos qué queremos del piedemonte. Y acá rescato la propuesta del Desarrollo Estratégico Metropolitano (DEM) y hoy podemos reflotar este tema. En la dirigencia esto se discute cada vez más. Lamentablemente, los mendocinos y quizás los argentinos no vemos a largo plazo. Si cada uno hace lo que quiere, no vamos a llegar a una visión seria del desarrollo.
Los dueños de las tierras aseguran que el gobierno carece de un proyecto.
La ley actual dice específicamente qué es factible en un lugar y qué en otro. A veces hay ciertos caprichos de especulación inmobiliaria, donde se dice que el lote mínimo tiene que ser de tantos metros y no se cumple. El propietario tiene una porción de tierra y quiere sacarle el mayor provecho económico, no le importa más nada. Creen que todas las trabas que existen son por capricho. No se ajustan a la legislación porque es compleja. Hay superposición de legislación, de organismos, pero si no existiera esto lo del piedemonte, sería desastroso, me parece que así está controlado, tiene cierta contención, pero hay que afinarlo.

Una más de consejales…
POR SEMANARIO EL SOL

?Esto es una locura, lo voy a vetar?
Omar De Marchi, el intendente de Luján, adelantó que rechazará la ordenanza que permite hacer viviendas en la zona industrial. Se mostró contrariado, se despegó de los concejales y dijo que, por sobre todo, quiere ser bien pensado.
?Esto, si es así como usted lo plantea, y que coincide con lo que yo conozco del tema, viene de veto seguro; eso lo voy a vetar?, afirmó sin vueltas el intendente de Luján, Omar De Marchi, al ser requerido por El Sol para que emitiera su opinión por la cuestionada ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante y que permitió que se levanten barrios residenciales en la zona de la destilería de YPF y el Parque Industrial Petroquímico.
De Marchi, además, evitó interpretar lo que movió a sus propios concejales a permitir la excepción a la zona. Prudente, el intendente lanzó: ?Espero que sólo haya sido un apresuramiento y no otra cosa?.
?Todavía no he estudiado a fondo el expediente, pero en principio eso lo voy a vetar porque me parece una barbaridad lo que hizo el Concejo. No pueden ampliar la zona de control ambiental para permitir la colocación, allí, de barrios. En principio, le digo que eso lo voy a vetar?, dijo De Marchi.
Hay un pedido de veto de la concejala Amelia Portas que ya fue presentado.
A mí no me ha llegado. Pero independientemente de lo que diga la concejala, hay una cuestión que se impone y que es de sentido común. Yo fui a ver uno de los terrenos y enfrente de uno de ellos están las gasíferas prácticamente… No, es una locura.
Desde ya, me parece razonable la posición que ha tenido Portas en todo esto.
Los concejales demócratas aprobaron la iniciativa, ¿qué opina de eso?
No sé cómo ha funcionado esto. La verdad es que este tema debería haber tenido un tratamiento mucho más profundo. Quiero pensar que fue improvisación. He visto los terrenos, el tema lo conozco a fondo, me interesa avanzar en la erradicación de todos los asentamientos inestables que hay en Luján, pero llevarlos allí es una locura. En Luján somos de los pocos que venimos diciendo que hay que planificar, pensar, y lo hemos hecho. El plan estratégico que hemos presentado es interesante y esto está aconsejando algo totalmente distinto.
Nos llama la atención el nivel del Concejo en este sentido. Aprobaron esto sin debate, sin estudio previo. Además, hace veinte días que extendieron el cordón de control ambiental para resguardar a la población de posibles accidentes…
Claro, claro, y eso se hizo de acuerdo a los programas de acción que son planes que se están desarrollando junto con empresas del sector. Esa extensión se hizo por 1.000 metros para permitir la evolución de las industrias sin impactar sobre el sector agrícola.
¿El Concejo lo consultó sobre esa decisión que tomaría?
Hay una comisión mixta que se suele reunir y que tiene representantes del Concejo y del Ejecutivo. Nosotros nos opusimos a esto. Puede que haya presiones a los efectos de la relocalización de los asentamientos. Trato de ser bien pensado y estoy creyendo que se apuraron por el reclamo social que recae fuertemente, también, sobre el Concejo. Quiero suponer que los concejales se apresuraron, pero contradiciendo toda la planificación. Nosotros estamos trabajando con seriedad y ellos lo conocen.
¿Usted se reunió con el dueño de los terrenos interesados en que le compren la propiedad?
No he tenido contacto. Los terrenos propuestos fueron cerca de diez y muchos quedaron descalificados. La licitación ya se hizo y se aprobaron los terrenos sujetos a compra por parte del IPV. En eso no tenemos nada que ver, porque los compra directamente el IPV.
Quiero que quede claro que esto (por la decisión del Concejo) me ha parecido un despropósito y no es que de buenas a primera lo voy a vetar, pero en principio, si es como usted me lo plantea y es como yo lo conozco, viene de veto seguro.

El peligro de las ordenanzas que pesan más que las leyes
En la Legislatura duerme desde hace más de una década el proyecto de ley de suelo, que evitaría hechos como el sucedido en Luján de Cuyo. La necesidad de legislar sobre un tema de insoslayable interés público.
La situación escandalosa que se produjo en Luján de Cuyo y que en estas páginas reflejamos, respecto del cambio caprichoso e interesado de la ordenanza que establece el uso del suelo en el departamento, quizás no tenga freno hasta que Mendoza cuente con una ley de suelo, como la que hace más de 10 años está en la Legislatura provincial mil veces discutida, debatida, cajoneada y hasta desechada.
Los manejos que hacen los municipios con el destino de sus tierras, más allá del caso puntual de Luján, son de vieja data y casi siempre incomprensibles desde el punto de vista ambiental o urbanístico, cuestión que reflejamos en nuestra edición del 16 de abril pasado. Por ejemplo, a través de una simple excepción de ordenanza, se cambia radicalmente lo que ya quedó en firme con anterioridad y que buscaba justamente que terrenos destinados a una cosa o actividad (barrios, industrias, comercio) no sean utilizados para algo completamente diferente.
Sin embargo, infinidad de veces, los municipios, sus concejales y los intendentes creen necesario violar esa ordenanza madre que hoy remplaza a una ley nacional de suelo, para atraer por ejemplo grandes centros comerciales, o instalar un barrio, o un country, o un club, cementerio, viñedo, planta de residuos patológicos o cualquier otra edificación en lugares anteriormente vedados para esos usos.
Hay casos muy notorios, como lo ocurrido en Godoy Cruz con muchos terrenos y con el escándalo por las supuestas coimas, a poco de ir a juicio oral y público.
En Luján, puntualmente, todo indica que se trata de una maniobra con fines poco claros que podrían incluir ambiciones de privados acompañadas de una inexplicable decisión de concejales adeptos a cambiar reglas de juego que ellos mismos fijaron.
Todo esto no estaría pasando si de una vez por todas los intereses particulares se subordinaran al interés general.

?Para algunos investigadores, los barrios privados atraen el crimen?
Por SEBASTIÁN MANITTA
LOS ANDES

El debate sobre la regulación de los barrios privados o el cierre de los públicos, merece una discusión en nuestra provincia. La semana pasada, ante la propuesta del Concejo Deliberante de Luján de permitir colocar garitas de seguridad en los barrios el resto de los municipios salió a reclamar por la demorada ley provincial.
Los Andes entrevistó a Sonia Roitman, quien realiza un doctorado en Desarrollo y Planificación Urbana en la Universidad de Londres, y su tesis doctoral es sobre los barrios privados en nuestra provincia. Esta mendocina ha publicado varios artículos basados en un trabajo de investigación, que serviría de base para realizar una ley provincial con argumentos sólidos.
– ¿Cuál es el origen de los barrios privados?
– Los barrios privados no son un fenómeno urbano novedoso, al contrario de lo que se cree. En algunos países ya están totalmente afianzados como un tipo de hábitat residencial determinado, como en Estados Unidos, donde aparecieron hace más de un siglo. En la Argentina el primer country-club aparece en los años ?30. Originariamente estaban ligados a la práctica deportiva (golf, turf) y posteriormente se trató de emprendimientos residenciales, ubicados en áreas suburbanas.
– ¿Por qué crecieron tanto en la Argentina?
-Tiene que ver con las condiciones socioeconómicas favorables de familias de clase media alta, que pueden acceder a una vivienda en este tipo de emprendimientos. También con la necesidad de fortalecer la identidad social frente a una tendencia de polarización social y la necesidad de contar con espacios más grandes, con más áreas verdes. Desde mediados de los ?90, la inseguridad urbana comenzó a ser otra razón importante, pasando a ser la principal en los últimos años.
– ¿Y la tendencia es efectiva para protegerse de la delincuencia?
– Existen numerosos trabajos sobre barrios privados en distintas ciudades del mundo, que tratan de probar la eficacia de los mismos como obstaculizadores del crimen y la violencia urbana. Los datos parecen demostrar que no existe una relación directa y que se trata más bien de una satisfacción psicológica, de creer que las barreras y los guardias dan efectivamente mayor protección.
?Incluso algunos investigadores dicen que estos emprendimientos residenciales actúan como un factor de atracción del crimen debido al nivel socioeconómico de sus habitantes?.
-¿Cómo se traduce en Mendoza?
– En Mendoza se han dado varios casos de robos en viviendas de barrios cerrados. La inseguridad urbana aparece como la justificación actual para el desarrollo de este tipo de lugares. Sin embargo, hay otras razones por detrás del discurso de la inseguridad, como la búsqueda de homogeneidad social y de estatus.
– ¿Qué es lo primero que debe discutirse para cerrar un barrio?
-Precisamente qué tipo de ciudad queremos. Si queremos priorizar el desarrollo del espacio privado o si preferimos dar un mayor impulso a recuperar el espacio público, el espacio de la integración social, del encuentro, de la diversidad social y la tolerancia.
– ¿Debería regularse a nivel provincial o por departamentos?
– Definitivamente Mendoza necesita legislación a nivel provincial.
– ¿Bajo qué figura existen los barrios privados actuales?
– La mayoría de los barrios cerrados actualmente se guían por la ley de propiedad horizontal y aparecen como condominios de indivisión forzosa. En Mendoza se guían por la ley provincial de loteos, pero además algunos municipios han fijado algunas normas tratando de dar solución al vacío legal a nivel nacional.
– Los barrios públicos también piden cierres ¿qué opina del tema?
– Ante el aumento de los hechos de violencia e inseguridad urbana es lógico que todos los ciudadanos pidan eso. El Estado debería garantizar la seguridad a los ciudadanos y no favorecer la privatización de la seguridad.
– ¿Cuál es o debería ser el rol del Estado respecto del desarrollo de los barrios privados?
– El Estado tiene la función de ?ordenar? el crecimiento y desarrollo de la ciudad a partir de las políticas que implementa. La sanción de una normativa que favorezca o desfavorezca el desarrollo de barrios cerrados es una clara posición al respecto. Idealmente, el Estado debería satisfacer la necesidad de seguridad de la población. Actualmente, se ha visto sobrepasado en su capacidad de respuesta, por lo que aparecen soluciones de carácter privado.
– ¿Entonces qué es lo que se debería hacer exactamente desde la esfera estatal?
– Para evitar tener una ciudad fragmentada, donde existan zonas ?exitosas? con servicios e infraestructura de alta calidad y zonas degradadas y olvidadas, el Estado debe propiciar políticas de integración social.

Hay que bajar la potencia de las antenas
DIARIO UNO

Ariel Garbaz es ingeniero en electrónica y profesor de la cátedra de Telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires. Fue perito en los casos IBM-Banco Nación y actualmente trabaja en un blindaje a prueba de pinchaduras para los teléfonos del Gobierno nacional. Considerado una autoridad en el tema, Garbaz se convirtió en estos días en una espina en el zapato de las compañías de teléfonos celulares, al medir la irradiación de tres antenas de Luján de Cuyo y afirmar que la emisión sobre el cuerpo humano está diez veces por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Mientras las compañías de celulares se muestran reservadas y reticentes a dar información a la prensa, este experto expone un punto de vista que invita a la polémica, a la reformulación y el debate. Afirma, en primer lugar, que en Mendoza se necesitan más, y no menos antenas, como podría suponerse: pero de menor potencia, distribuidas en la periferia de las áreas urbanas y a una distancia mínima de las viviendas de 500 metros.
?No estamos hablando del centro de Mendoza, donde hay edificios altos y se las puede instalar con riesgo cero, siempre y cuando cumplimenten la distancia de 500 metros unas de otras. Me refiero a los pueblos que no tienen posibilidad de tener edificios de 30 o 40 metros de altura que se requieren para instalarlas sin que la radiación afecte a los pobladores?, explica. Corregir la dirección de las antenas (elevando el ángulo) y obligarlas a disminuir la potencia es la solución alternativa al desmentalamiento y traslado que el ingeniero Garbaz le planteó al intendente de Luján, Omar De Marchi, en el informe que le presentó esta semana.
Esta solución afectaría directamente las comunicaciones: la disminución de potencia acarreará dificultades a los usuarios de teléfonos celulares que se encuentren dentro de los 200 metros de alcance de las antenas. Es decir, menos gente podrá hablar por su celular al mismo tiempo. Ajustándose a los datos que arrojaron las mediciones que hizo en Luján, donde comprobó que las antenas emiten potencias de 2 kilowatts, el ingeniero infiere que la mayoría de los equipos colocados sobre torres autoportantes (cilindros con bases de hormigón armado) en la provincia son de alta potencia, ?porque son mucho más pesados que los de baja potencia, como los que se encuentran arriba de los edificios, o están sobre estructuras de hierro tramado que son mucho más livianas?. Garbaz explica que la potencia es la segunda causa de polución electromagnética.
La primera es la frecuencia. En este punto las antenas de telefonía celular y las de FM, radio AM y TV tendrían efectos diferentes sobre la salud. El ingeniero explica que las segundas son más potentes, pero que se las considera menos peligrosas para el organismo humano porque transmiten a una frecuencia mucho más baja, y tienen una densidad de potencia de radiación electromagnética mucho menor. ?Las telefónicas, en cambio, no pueden bajar la frecuencia, por eso deben disminuir la potencia de sus antenas?, aclara. Para ello las empresas deberían invertir al menos el triple de lo que gastaron en las torres, ya que para remplazar una de estas antenas de alta potencia (2 kw) en el centro, deberían colocar al menos tres de menor potencia (500 watios) en la periferia. Cada torre cuesta alrededor de $500.000. El problema, sin embargo, no radica únicamente en las torres.
El ingeniero subraya que es necesario hacer mediciones periódicas de las potencias que emiten las antenas colocadas sobre las azoteas o cúpulas de los edificios, y que en todos los casos éstas deben respetar la separación de 500 metros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los habitantes de edificios que se encuentran a la misma altura de una antena de alta potencia son los que están en las peores condiciones. Esto debido a que las antenas de telefonía celular irradian la mayor potencia en sentido horizontal, su haz es como el de un faro que se va ampliando con un ángulo de 60º de apertura. ?Por eso los que están a 10 metros de estas antenas reciben menos radiación que los que están a 200 metros?, indica.

Sacarán a todos los limpiavidrios Capital
Por JUAN QUIBAR
DIARIO UNO

La actividad será prohibida a fines de mes por una ordenanza. Les darán un subsidio de $300 a los 189 chicos u Con esa plata se pagará parte del salario por los empleos que les están consiguiendo en el sector privado.
Desde fin de mes no hará falta tener una moneda a mano ni enojarse al frenar en los semáforos en rojo de Capital. La Comuna que comanda Eduardo Cicchitti aprobará una ordenanza que prohíbe la actividad de limpiavidrios, pero antes les dará empleo a los 189 jóvenes que hoy viven de eso, según un plan que marchaba en secreto pero al que este diario tuvo acceso ayer.
Cada uno de los chicos, que ya está fichado, recibirá por seis meses $300 del Estado como parte de un pago salarial que completarán las empresas privadas donde son colocados. Según acuerdos que ya están pactados pero que se firmarán esta semana, la Provincia aportará $200 para cada uno de los limpiavidrios y la Nación, $100. Además, la Comuna ya consiguió trabajo para más de la mitad y se tomará este mes para colocar al resto.
Los subsidios laborales serán firmados con la ministra de Desarrollo Social y Salud, Ana María Gotusso, y con María Inés Abrile, la mendocina que conduce la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social de la Nación. El turno de los limpiavidrios llega después de que Cicchitti demostró mano firme al avanzar sobre los cuidacoches, los vendedores ambulantes y la venta de alcohol. Y según todos los indicios, el nuevo plan para erradicar a los chicos de los semáforos tiene los flancos cubiertos. De hecho, la Feria de Guaymallén ya se comprometió a tomar entre diez y 20 chicos y los comerciantes del centro se harán cargo de otro tanto.
En ninguno de los casos los empleadores pagarán cargas patronales, y sólo sacarán de sus bolsillos la diferencia entre el salario y los $300 que aporta el Estado. Además, la Dirección de Tránsito ampliará las plazas del estacionamiento medido que cobran los cuidacoches y ocupará a otros 45 limpiavidrios en esos menesteres. Otra punta del plan es cambiar la ordenanza que prohíbe el lavado de autos en las playas de estacionamiento, siempre y cuando la actividad la realicen ex limpiavidrios provistos de máquinas como las del estacionamiento del Mendoza Plaza Shopping.
En esa línea, esta semana, el secretario de Gobierno de Capital, Osvaldo Oyhenart, intentará obtener otros puestos laborales en reuniones con la asociación de panaderos y el gremio de los trabajadores gastronómicos. Una vez empleados los chicos, a quienes se censó y se tomó el perfil psicológico y laboral, el oficialismo municipal enviará al Concejo Deliberante la ordenanza que prohibirá la actividad, para lo que descuentan el apoyo de la oposición o, en el peor de los escenarios, harán valer su mayoría. Y si todo marcha según lo previsto, desde fines de julio o comienzos de agosto parar en un semáforo será otra cosa.

SCALAE

La editora SCALAE participa como espacio editorial en AE INTERNACIONAL, la plataforma conjunta de canales, servicios, aplicaciones, comercio y publicaciones de enlace entre las comunidades empresariales, profesionales y académicas de habla hispana en el ámbito de la arquitectura y el interiorismo. AE INTERNACIONAL, SCALAE y ARQA tienen sedes en Barcelona (España) y Buenos Aires (Argentina).

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Tránsito: textos de arquitectos, docentes e investigadores en el inicio de una exploración personal, profesional o académica.
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Emisión prevista del primer número: ?Mario Roberto Alvarez?, Setiembre de 2003

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