8.4.2016

Agenda urbana

En pocos días definiremos quienes nos gobernarán los próximos cinco años. Exijámosles que pongan por delante los derechos ciudadanos y la legítima aspiración a una vida mejor.

“El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar” (Lefevre, 1969).

 

Según el Instituto Nacional de Estadística del Perú más del 70% de los peruanos vivimos en ciudades, de allí que gran parte de las propuestas de los candidatos al sillón presidencial estén relacionadas directa o indirectamente con las mismas.

Para poder aproximarnos a su verdadera magnitud, debemos entender las ciudades como espacios multi-sistémicos en los que suceden con gran intensidad intercambios de toda índole, exacerbándose las virtudes y defectos de la sociedad.

Abordar esa complejidad requiere de soluciones integrales enmarcadas en políticas de desarrollo urbano a nivel nacional, regional y municipal.  Éstas deberían ser impulsadas desde el Gobierno Central mediante un proceso de planificación estratégica, a través de un organismo con autonomía, presupuesto y capacidad de acción.  Para que ello funcione se debe tener muy en claro el marco legal de competencias, metas con plazos políticos, indicadores vinculados con asignación de presupuestos, y sanciones ejemplares para los que incumplan sus compromisos.  Además, se debe poder instrumentar y fortalecer a los cuerpos técnicos en los diversos organismos y regiones.

Apostar por la planificación urbana es apostar por la democratización del bienestar.  Fernando Savater, filósofo español, afirma que “ninguna persona puede participar de la vida ciudadana si no cuenta con una base de servicios urbanos”.  Esto no solo consiste en tener servicios básicos tales como agua, desagüe y electricidad, sino también tener acceso a un transporte público de calidad, espacios para recreación y ocio, locales educativos, centros de salud, centros culturales y de entretenimiento. Lograrlo exige desterrar prácticas especulativas y mafiosas que promueven la invasión de suelos eriazos aprovechándose de los más carenciados; así como cuestionar aquellos desarrollos inmobiliarios y programas de vivienda que se desarrollan en zonas alejadas de los centros urbanos, sin antes haber analizado de forma integral la factibilidad económica del acceso a los servicios antes mencionados.  En suma, el Estado no debe reducirse a ser un formalizador de invasiones, ni convertirse en un habilitador de suelo sin infraestructura, porque con ello está condenando a miles de peruanos a la marginalidad, debido al acceso dispar a los mencionados servicios.

Contrariamente a lo que nos han vendido, dar títulos sin un estudio pormenorizado y enmarcado en un modelo urbano planificado, es la forma más fácil de evadir el problema real de la vivienda digna.  Urge exigir soluciones integrales, que no necesariamente se basen en la titulación, sino también en explorar opciones como la del alquiler y la vivienda de protección pública.

Para poder encarar un proceso de planificación integral, se requiere con urgencia legislación de vanguardia y simplificación de mecanismos que nos permitan resolver las trabas y conflictos relacionados con la propiedad, con miras a impulsar procesos de regeneración urbana y densificación. Permitiendo así mismo la retroalimentación de los fondos destinados a obras de infraestructura desde el mutuo aprovechamiento (estado y propietarios) del plus valor generado por las mismas.

En pocos días definiremos quienes nos gobernarán los próximos cinco años, exijámosles que pongan por delante nuestros derechos ciudadanos y nuestra legítima aspiración a una vida mejor.

Nota al pie: hace unas semanas salió publicado en el diario Gestión  una nota (Ver http://bit.ly/1VDSHeC) en la que se anunciaba que el Ministerio de Vivienda estaba alistando un proyecto de ley para la reactivación del INADUS (Instituto Nacional de Desarrollo Urbano Sostenible), que tendría como principal objetivo aportar a la planificación concertada de las ciudades del país y capacitar a las municipalidades en la materia.  Esperemos que tenga la autonomía, facultades y presupuesto necesario para poder llevar a cabo su cometido.

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